La Secretaría de Gobernación informó sobre la apertura de 4 líneas de investigación para el caso Ayotzinapa, tras 12 años de verdades fabricadas y pruebas ocultas.
Reanalizan registros de teléfonos
Gobernación detalló que las nuevas investigaciones parten de los registros de los teléfonos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

«Surgen del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero»
17 sujetos de investigación
De acuerdo con el análisis de la primera línea de investigación, basándose en patrones e indicios supuestamente «inadvertidos», la SEGOB reveló a 17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación.
El adelanto en las indagatorios ubican a una funeraria, así como a concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala por participar en la administración de un panteón.
23 coincidencias oseas
Tanto la funeraria como el SEMEFO habrían incurrido en irregularidades, entre las cuales, señalan el hallazgo de un fémur y un arma y un horno crematorio sin registro, 23 potenciales coincidencias oseas fueron establecidas derivado de estas sospechas.

Un detenido
Por otro lado, el 24 de agosto de 2026, ordenaron la detención de un servidor publico que había trabajado en el municipio de Iguala en el periodo de la desaparición de los estudiantes, se trata del secretario de tránsito, Mauro Antonio Mosso Benítez, se le imputan los cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Guerreros Unidos
Un supuesto testigo, quien en ese entonces tenia 14 años habría corroborado la participación de la organización delictiva, Guerreros Unidos, esta declaración la dio el 30 de julio de 2026.
Detención de una ex magistrada
La cuarta y última línea de investigación derivó en el detención de una exmagistrada presidenta del Tribunal, así como de la ex visitadora del mismo órgano jurisdiccional, quienes actualmente se encuentran sujetas a proceso penal, así como la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero el pasado 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

Sin embargo, durante la marcha de 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, los padres de familia rechazaron esta nueva metodología y retaron al gobierno a comprobar que el ejercito no participo en la desaparición y posible asesinato de sus hijos.

