La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo de la autoridad judicial dos sentencias condenatorias para E. E. G. S., expresidente municipal de Pachuca de Soto, responsable de hechos que la ley sanciona como peculado, así como uso ilícito de facultades y atribuciones.
Los hechos que obran en dos carpetas de investigación, ocurrieron durante la administración municipal en el periodo 2012-2016, lapso en el que sin la debida autorización del cabildo, celebró 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 476 mil pesos, sumada a esa investigación se le atribuyen la firma ilícita de contratos por 22 millones 339 mil pesos, con la empresa Publirex, para la instalación de anuncios publicitarios.
Una vez que estos actos fueron denunciados ante el Ministerio Público, se iniciaron las investigaciones correspondientes y con base en los datos de prueba se solicitó al juez de control orden de aprehensión contra E. E. G. S., misma que fue concedida y ejecutada por agentes de la División de Investigación, el pasado 3 de febrero en esta ciudad.
Luego de que E. E. G. S., fue presentado ante la autoridad judicial, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por peculado, derivado de que se detectó un daño patrimonial al municipio a través de la celebración ilegal de contratos, hechos por los que se obtuvo el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Posteriormente el pasado 29 de febrero, esta representación social, obtuvo una nueva vinculación a proceso para el exalcalde, esta vez por uso ilícito de facultades y atribuciones, por la firma de contratos con la empresa Publirex S. A. de C. V., para la concesión de los derechos de publicidad de puentes.
Esta tarde, la persona imputada aceptó ante la autoridad judicial su responsabilidad por los ilícitos antes mencionados, por lo que al satisfacer la reparación del daño al ayuntamiento, la cual consistió en un pago por 11 millones de pesos, además de la transferencia de la propiedad de un predio, se celebraron dos audiencias de autorización de procedimientos abreviados y derivado de ellas se obtuvieron dos sentencias condenatorias: la primera de 10 meses y 20 días de prisión, así como otra de 3 años y cuatro meses de prisión.