Balacera y 120 detenidos, les iban a pagar 500 pesos por tomar cementera Cruz Azul en Jasso, Tula

La madrugada del lunes, 23 de septiembre, un grupo de por lo menos 300 personas que se transportaban en autobuses con placas del estado de México, intentaron ingresar con palos, machetes y armas de fuego a las instalaciones de la cementera Cruz Azul en Jasso, municipio de Tula de Allende.

De acuerdo con los reporte y los testimonios obtenidos, el grupo de choque de por lo menos 300 hombres que arribaron al lugar en 4 autobuses habrían sido contratados por 500 pesos para supuestamente participar en un desalojo en las instalaciones de la empresa de cemento.

Los atacantes intentaron acceder a la planta desde el Obelisco de Los Socios Fundadores, pero fueron repelidos a balazos por el grupo de trabajadores que hasta hoy mantiene el control en el interior de la planta, estos hechos violentos obligaron a que fueran suspendidas las clases en todas las instituciones educativas de la zona, con el fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

120 detenidos en Jasso

En rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, se dieron a conocer los actos ocurridos en la Cooperativa Cruz Azul en la región de Tula.

“Debemos tener claro que es un conflicto entre particulares, desde luego que el gobierno del estado está interesado en que esto se solucione porque afecta la actividad normal en la población, afecta el derecho laboral y se afectan muchos temas que quebrantan la tranquilidad”, mencionó Olivares Reyna.

Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública, habló sobre el operativo que se realizó la mañana de este lunes para evitar que personas a bordo de cuatro autobuses provenientes del Estado de México, armadas con palos y machetes, tomarán por la fuerza las instalaciones de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

La llamada de emergencia al 911 activó a los cuerpos policiacos, tanto del municipio como del estado, y la oportuna respuesta permitió que, alrededor de las seis de la mañana, se haya restaurado de manera oportuna el orden y la tranquilidad. 

En una posterior intervención, el secretario de Gobierno mencionó que hay interés en que se solucione esta problemática a partir de que lo dispongan las partes afectadas, mediante la voluntad, en primer lugar, y la equidad y justicia como segundo término.

“Sí nos preocupa realmente la situación precaria que viven los cooperativistas hidalguenses, y por eso es de que, antes que otra cosa, cuidamos y tratamos de preservar su seguridad personal, como afortunadamente sucedió el día de hoy”, expresó.

Hasta el momento, se ha detenido a 120 personas, quienes tendrán que enfrentar el procedimiento debido ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Irám González Pérez, subprocurador Oriente, refirió que la dependencia, a través de la Unidad de Alto Impacto, se encuentra recibiendo las denuncias correspondientes por los hechos.

Informó que se está trabajando en las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, además de que la SSPH realiza las puestas a disposición de las personas detenidas durante el enfrentamiento de esta mañana en las inmediaciones de la planta cementera. 

Recalcó que la PGJEH pone a disposición de la población las agencias del Ministerio Público de la región Tula-Tepeji para que denuncien cualquier hecho con característica de delito derivado del conflicto.

Las instalaciones y alrededores del inmueble quedarán custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) y la Policía Municipal, a fin de proteger a todas las personas que habitan en esta zona de la entidad.

Por último, Raúl Serret Lara, coordinador general Jurídico del Estado, habló sobre los parámetros jurídicos que envuelven los conflictos en la cementera, aclarando que gobierno de Hidalgo no puede emitir un juicio de un incidente entre particulares, pero puede accionar como mediador en las negociaciones para que lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes, sobre todo para quienes no han podido laborar desde que la planta entró en conflicto. 

“Una fracción está violentando los derechos de otra fracción. Entre los derechos que se están violentando es el de la permanencia en el trabajo. Dentro de la sociedad cooperativa, los cooperativistas no pueden ser coaccionados ni expulsados de manera unilateral, sin previa autorización de una asamblea general; si esta asamblea general, aun y con las características de los estatutos, no valida una expulsión, entonces las expulsiones son ilícitas”, dijo.